Nabaizaleok / Iritzia

Nabaizaleok@wordpress.com

España viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Joxerramon Bengoetxea en El Diario Vasco
España viola el artículo 3 del convenio que prohíbe la tortura así como las penas y los tratos inhumanos o degradantes. No lo decimos nosotros. Lo acaba de declarar por unanimidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sito en Estrasburgo, en sentencia de 28 de septiembre de 2010, en el asunto San Argimiro Isasa contra España. Denunciaba el demandante, Mikel San Argimiro Isasa, (1) haber sido víctima de malos tratos durante su arresto y detención incomunicada de cinco días en la Dirección General de la Guardia Civil -en concreto golpes en la cabeza, asfixia provocada por bolsas de plástico cubriendo la cabeza, humillaciones y vejaciones sexuales y amenazas de muerte y de violación- y (2) la ausencia de investigación de los hechos objeto de las acusaciones de malos tratos que en su día formulara, en este caso con la connivencia del médico legal de turno, incapaz de explicar la fractura de una costilla atestiguada posteriormente por el médico de la prisión de Badajoz. Precisamente por esta ausencia de la debida investigación, se condena a España a indemnizar a San Argimiro con 20.000 euros más los 3.000 euros de costas procesales.
Como suele ser habitual, tales alegaciones no fueron investigadas ni instruidas por la justicia española, sino que fueron archivadas. No se practicó testimonio de los guardias civiles que participaron en la detención, cuya identificación no hubiera presentado dificultad alguna; el magistrado instructor de la Audiencia Nacional negó la visualización del vídeo de la detención, alegando la inutilidad de practicar dicha prueba; los exámenes médicos efectuados fueron insuficientes, ninguno de ellos menciona la fractura de una costilla ni propone la realización de una radiografía que permitiera determinar el momento de la lesión; tampoco se ordenó practicar una gasometría de la sangre para averiguar si las alegaciones relativas a la asfixia provocada por las bolsas de plástico eran veraces; se rechazó tomar declaración a los agentes implicados en el arresto y detención incomunicada, alegando la imposibilidad de identificarlos, aunque hubiera bastado con consultar la relación de los agentes, el instructor jefe y el secretario, encargados de su custodia en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil de las que San Argimiro no salió durante los cinco días de incomunicación en mayo de 2002.
Reiteradamente se ha requerido a España por parte de instancias internacionales que reconsidere su régimen de incomunicación y asegure el derecho de la persona detenida a ser examinada por una o un médico de su elección, además de la o del médico legal previsto durante la incomunicación. La respuesta que ha dado el Gobierno español ha sido la de declararse ofendido por las sugerencias que dejarían entrever una insuficiencia estructural en la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas, cuando no ha cuestionado directamente el conocimiento y el proceder de dichas instancias. Hace un año escribíamos en este mismo medio un artículo de opinión dedicado al relator de la ONU Martin Scheinin, prestigioso profesor del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, y a sus informes sobre España. Nos parece absolutamente irresponsable que la respuesta del Gobierno español sea cuestionar la labor del relator en lugar de preocuparse por la veracidad de sus suposiciones y la pertinencia de sus recomendaciones. Nos entristece constatar que son muy escasos los medios de comunicación que se hacen eco de esos informes y que sea tan escasa la presión política ejercida sobre España para que los tome en serio, de una vez por todas. Indirectamente las respuestas que da el Gobierno central parecen indicar que la lucha eficaz contra el terrorismo justificaría ciertas vulneraciones. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que comentamos aquí parece confirmar nuestra sospecha de que esta actitud del Gobierno español -«aquí no pasa nada, y si pasa, es porque resulta necesario en la lucha contra el terrorismo y si no se está de acuerdo es que no se comprende nada sobre la situación real o se está en connivencia con los terroristas»- supone un insulto hacia los propios valores sobre los que reposa el Estado de derecho y el orden constitucional, además de restar credibilidad a su discurso oficial de defensa de los derechos fundamentales. Mucho tendrá que esforzarse el Gobierno español en demostrar que su actual normativa y su práctica en materia de detención incomunicada no posibilitan que se vulneren los derechos de las y los detenidos de forma sistemática, constante e impune. Como afirma el Tribunal de Estrasburgo, cuando una persona detenida sufre lesiones durante su detención, cae sobre el Estado una presunción de autoría y la carga de la prueba de demostrar que ha desplegado todos los medios necesarios para evitar que dichas lesiones se produzcan. El Gobierno no está legitimado para invocar la razón de Estado a la hora de prescindir de derechos y garantías fundamentales.
Cuando reivindicamos la equidistancia nos referimos precisamente a la necesaria actitud de condena frente a todas las vulneraciones de los derechos humanos, vengan de quien vengan. En este caso vienen de la legislación española sobre la incomunicación, de la práctica de las instancias implicadas en la detención incomunicada – Policía o Guardia Civil, médicos legales y otros agentes-, de la actitud de la Audiencia Nacional indigna de un órgano jurisdiccional sometido al imperio de los derechos fundamentales. Si rectificar es de sabios, en esta materia es además demostrativa de un mínimo de sensibilidad hacia la dignidad de la persona humana. Todo menos esa premeditada impunidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

 

octubre 13, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , ,

2 comentarios »

  1. […] España viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos « Nabaizaleok … – Lo acaba de declarar por unanimidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sito en Estrasburgo, en sentencia de 28 de septiembre de 2010, en el asunto San Argimiro Isasa contra España. Denunciaba el demandante, Mikel San Argimiro … […]

    Pingback por JURISPRUDENCIA GRATIS « Evangelizadoras de los apóstoles | octubre 18, 2010

  2. Tengo interpuesta una demanda contra Espana en la corte de Estrasburgo. Sin embargo, me parece que han encarpetado la demanda porque no la procesan.

    Comentario por Maria Teresa | octubre 25, 2010


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: