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Justicia para las víctimas del Congo, ¿realidad o quimera?

Sheila Vélez en Periodismo Humano

 

El pasado viernes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentó oficialmente el informe (pdf) que desvela “uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente del Congo”. Dos años de investigaciones, 1200 testigos entrevistados y 1500 documentos analizados son la base de un dossier que describe las atrocidades cometidas contra la población civil por grupos armados entre 1993 y 2003. Junto a grupos rebeldes, el documento menciona a los ejércitos de Ruanda, Uganda y Burundi entre los responsables de perpetrar serias violaciones de derechos humanos en el país vecino. La pregunta que transciende es: ¿qué se debe hacer ahora con esta evidencia?

El informe enfatiza que la intención del mismo no es la de establecer ninguna responsabilidad penal individual sino la de contribuir al “doloroso proceso” de búsqueda de la verdad, un paso necesario para superar el conflicto armado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch ya han exigido responsabilidades por estos crímenes y urgen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a las autoridades congoleñas a que adopten medidas al respecto.

Por su parte, el gobierno de Kinshasa, quien valora positivamente la publicación del informe, afirma su compromiso para acabar con la impunidad. “El informe es detallado y creíble,” dijo el Embajador de la RDC ante las Naciones Unidas, Ileka Atoki. “El Gobierno congoleño está dispuesto a hacer todo lo posible para llevar los culpables ante la justicia y obtener reparaciones para las víctimas”.  Una tarea que el gobiernos admite no poder emprender solo y solicita para ello la colaboración de donantes internacionales -los mismos que han contribuido a la elaboración del informe, dice Atoki- para establecer mecanismos judiciales que pongan fin a la impunidad. “La RDC está lista para cumplir con sus obligaciones, sinceramente espero que la comunidad internacional esté preparada para cumplir con las suyas,” dijo el Embajador.

Años de guerras han devastado un sistema judicial que lejos está de ser efectivo. La falta de recursos humanos y materiales, presupuestos insuficientes y un escaso desarrollo profesional son algunos de los factores que el informe menciona para describir la falta de capacidad del sistema congoleño para castigar estos crímenes a corto o medio plazo. De ahí que el equipo de expertos proponga la creación de un modelo híbrido, en el que se encuentren jueces nacionales e internacionales.

Con la publicación del informe la Corte Penal Internacional podía desvelarse como el órgano competente para juzgar los crímenes que describe el informe. Desde 2004, la Fiscalía de la CPI ha investigado crímenes cometidos en el territorio congoleño, de las que han resultado el arresto de tres líderes rebeldes y la puesta en marcha de dos procesos judiciales. Sin embargo, y pese a continuar dichas investigaciones en la región de los Kivus, la CPI sólo tiene jurisdicción sobre las violaciones cometidas después de Julio de 2002, quedando fuera de su competencia gran parte de los crímenes descritos en el informe.

Otro mecanismo que queda incompetente para jugar los crímenes por mandato es el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para juzgar los crímenes de genocidio y las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Ruanda en 1994. Las atrocidades perpetradas por las fuerzas ruandesas y documentadas en el informe tuvieron lugar después de 1994, y por lo tanto quedarían fuera de su competencia. Igualmente, según apunta HRW, se espera que el tribunal cierre sus puertas en 2011 y parece improbable por tanto que extienda su mandato y acepte nuevos casos.

El conflicto

Como ya lo hicieron en otros informes de Naciones Unidas (Informe sobre la Explotación Ilegal de Recursos en RDC publicado en 2002), el equipo de expertos apunta a la lucha por el control de los recursos naturales y la ausencia de autoridad como una de las causas del conflicto en el este del Congo, una región rica en diamantes, oro, cobalto y coltan -tan preciado en la elaboración de aparatos electrónicos- e incluso petróleo. “La abundancia de recursos naturales y la ausencia de regulaciones y responsabilidad en este sector ha creado una dinámica particular que claramente contribuye a la comisión de crímenes, y tanto el estado nacional como las potencias extranjeras y compañías privadas son responsables de que estos crímenes tengan lugar,” dice el informe.

En el caso de Ruanda, uno de los países mencionados en el informe, el inventario de horrores encuentra su origen en el genocidio de 1994, en el que cerca de 800,000 Tutsis y Hutus moderados fueron masacrados en cien días por el gobierno extremista Hutu. Aquellos que perpetraron el genocidio, los llamados génocidaires –una amalgama de políticos, pastores y milicias- huyeron al vecino Congo, entonces el Zaire de Mobutu Sese Seko, donde encontraron escondite entre los campos de refugiados Hutus. Cerca de un millón de Hutus abandonaron Ruanda en 1994, tras la toma de poder del Frente Patriótico Ruandés, liderado por un rebelde Tutsi formado en Uganda: Paul Kagame, hoy presidente del país de las mil colinas.

Los génocidaires se reagruparon y continuaron su lucha contra el nuevo gobierno Tutsi de Kagame quien finalmente ordenó la invasión de Congo en 1996. El informe documenta casos de masacres cometidos por las fuerzas ruandesas y sus aliados, el grupo rebelde congoleño Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL), en los campos de refugiados Hutus en 1996 y 1997. “Los ataques revelan un número de elementos inculpatorios, que, si así lo determina una corte de justicia, podrían ser calificados como crímenes de genocidio,” dice el informe. Según sus autores, el ejército ruandés no hizo distinción entre civiles y combatientes, ciudadanos ruandeses o congoleños, sino que actuaron siguiendo criterios étnicos.

La decisión de Kagame de invadir el país vecino desencadenó la Segunda Guerra del Congo, o la Gran Guerra de África, en la que participaron otros seis Estados -Burundi, Uganda, Angola, Zimbabwe, Namibia y República Centroafricana- y murieron más de cuatro millones de personas.

“The G-word”

La acusación de Genocidio, “the G-word”, ha sido rechazada por el gobierno ruandés con contundencia. Incluso algunos medios hablan de cierto enojo en los círculos presidenciales. Kagame se ha valido de la buena imagen moral que le concede el ser el responsable de poner fin al genocidio de 1994, una imagen que ahora podría quedar en entre dicho. De ahí su interés por evitar la publicación del informe bajo la amenaza de retirar sus tropas de la misión de paz de NNUU en Darfur y su rechazo al documento sin dilaciones.

Ruanda califica el informe de “insulto a la historia” por no considerar los hechos en el contexto de lo ocurrido en 1994 y asegura que afecta la paz y a la estabilidad de la región de los Grandes Lagos. No es el único, también el gobierno de Uganda rechaza las acusaciones, y al igual que su país vecino, amenazó a las Naciones Unidas con retirar a sus hombres de la misión que ofrece apoyo al gobierno transicional de Somalia.

Estas amenazas llegaron poco después de que el borrador del informe se filtrara el pasado agosto al diario Le Monde, lo que provocó la visita apresurada a Kigali del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, para garantizar a los estados mencionados que podrían adjuntar sus comentarios al informe.

No es esta la primera vez que Paul Kagame, el hombre de confianza de Londres y Washington en los Grandes Lagos, recibe acusaciones de ser responsable de crímenes cometidos en el país vecino. En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, siguiendo el principio de justicia universal, le imputaba junto a otros 39 oficiales de su ejército delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y atentado terrorista, cometidos entre 1990 y 2002 contra la población civil, en particular contra miembros de la etnia Hutu.

En febrero de ese año, el auto del caso, explicaba que Kagame no sería procesado por gozar de inmunidad, un privilegio que Washington, Londres, la Unión Africana o el mismo Secretariado de la ONU podrían extender en el tiempo.

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octubre 9, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , ,

1 comentario »

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