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El proceso constituyente catalán

Igor Filibi en Deia

La sentencia del TC sobre el Estatut altera no sólo lo que aprobó la sociedad catalana, sino lo que ya alteró el Estado en el “cepillado” previo a su aprobación en el Congreso, rompe el pacto constituyente y con ello impide el encaje de Cataluña en el Estado

CATALUÑA ha iniciado un verdadero proceso constituyente. El pueblo catalán, después de un largo periodo de espera para ver el potencial político del Estado español tras la transición, ha comenzado a actuar políticamente. Puede despistar el hecho de que se le haya llamado Estatuto de Autonomía, pero en realidad el debate político que precedió a la aprobación de ese texto fue de carácter marcadamente constituyente.

El pueblo catalán, por medio de todos sus partidos, elaboró un texto político de primera magnitud en el que se establecen y desarrollan los principios políticos de la comunidad política catalana. Se afirmaba con rotundidad la existencia de la nación catalana. Se establecía un marco político en el que la inmensa mayoría de los catalanes podrían vivir más o menos cómodamente y, además, el pueblo catalán aceptaba hacer este ejercicio tratando de encajar en el seno del Estado español, consciente de su propia pluralidad interna. Los partidos catalanes aceptaron el reto inmenso que suponía autodeterminarse, esto es, decidir por sí mismos su nivel de autogobierno y reglas del juego político, dentro del Estado, animados por el respeto profundo que pareció demostrar el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cuando señaló que aceptaría el resultado del debate político catalán si éste era capaz de concitar un amplio apoyo político.

El pueblo catalán actuó con responsabilidad, altura de miras y talante negociador. Se limitó en aspectos clave, como renunciar a intentar tener un Estado propio, en aras de lograr la máxima cohesión interna y elaborar un proyecto nacional catalán viable y consensuado. Sólo el pueblo catalán puede hablar por Cataluña. El pueblo, su voluntad política madurada dentro del diálogo y la negociación y siempre de forma pacífica, no puede ser sustituida por ninguna otra instancia política ni judicial, catalana o española. Un gran pacto político consensuado en el interior de la nación catalana, y que ya fue cepillado en las Cortes, que fue ratificado por el pueblo catalán (aunque con un gran malestar por las formas y el incumplimiento del compromiso político nada menos que del presidente español), no puede en ningún caso ser enmendado (de nuevo) en las instancias centrales del Estado por el Tribunal Constitucional.

Hay que decir alto y claro que el Tribunal Constitucional mezcla funciones muy distintas. Por un lado está su función central de garantizar el cumplimiento de los Derechos fundamentales. Por otro lado, pretende resolver los conflictos entre los distintos órganos del Estado. Para hacer esto debería ser una instancia neutral, pero no lo es en absoluto, ya que es elegido mayoritariamente por los órganos centrales del Estado, que son sólo una parte, y además los grandes partidos exigen que los jueces voten en función del interés de quien les elige. Por todo esto, que es sabido desde hace tiempo, el TC no es un árbitro, es un comisario político. Y al no ser neutral no es está capacitado para discutir cuestiones de fondo, de alcance constitucional, suplantando al depositario genuino y único de la soberanía: el pueblo.

Tal vez tengan razón quienes interpretan que el Estatuto catalán supone de facto una modificación de la Constitución. Pero si esto es así, lo es principalmente en la relación entre el pueblo catalán y el Estado como espacio común y en esa relación, aunque puede y debe haber una negociación política, nadie puede sustituir a una de las partes, que es, que sólo puede ser, el pueblo catalán. Negar esto, aceptar que diga lo que diga el pueblo catalán, que se considera una nación política, no importa, es muy grave. Imponer el criterio centralista, puesto que quienes controlan los órganos centrales del Estado pueden votar que no o enmendar el texto hasta desvirtuarlo por completo, es negar también el carácter compuesto del Estado, su pluralidad nacional esencial y original. Y hacer esto es tanto como romper el pacto constitucional que establece que el Estado, al ser autonómico, es compuesto, esto es, plural y diverso, o lo que es lo mismo: un pacto tanto entre todos los ciudadanos del Estado como entre sus pueblos con el mismo.

El conjunto surge de la suma de una pluralidad de ciudadanos y comunidades políticas autonómicas. Si una parte rompe esto, libera a la otra del pacto constitucional. Se acusa al pueblo catalán de romper el pacto constitucional, de haber sido poco leal, de haber querido arrogarse la capacidad de modificar el Estado entero siendo sólo una parte. En mi opinión ha ocurrido exactamente lo contrario. El desafío catalán ha consistido únicamente en tomarse la autonomía política en serio y pensar por su cuenta qué quieren hacer con su futuro. Han detallado, tras un proceso de debate interno, qué significa el ambiguo término de nacionalidad. Simplemente han tratado de actualizar el marco político para adaptarlo a sus necesidades o, lo que es lo mismo, para que siga siendo válido. Puede decirse que sólo han tratado de ser un poco más felices y sentirse más cómodos sin cuestionar del todo el marco político general del Estado. Y no sólo nadie en España ha apreciado el esfuerzo, los largos meses necesarios para concitar (casi) todas las sensibilidades políticas catalanas, sino que muy al contrario, quien no le ha dedicado ni la cuarta parte del tiempo a pensar los equilibrios ni aventurar los escenarios, ha usado una fácil mayoría en las Cortes para pulir un texto que ya estaba muy medido. Y el pueblo catalán, haciendo de nuevo un esfuerzo de generosidad que probablemente en Euskadi no se habría dado, aprueba dicho texto porque entiende que, incluso así, es mejor que el que tenían.

Pero, por si esto no fuese suficiente, a continuación el Tribunal Constitucional se arroga la potestad de volver a enmendarlo. Y el pueblo catalán estalla. Y con razón. Y todos los que quieren ser justos deben estar con el pueblo catalán y no pueden estar con quienes defienden esa estrecha, ventajista y mezquina visión del Estado. Puede que el pueblo catalán haya planteado cuestiones que casen con dificultad en el texto constitucional de 1978. Seguramente. Pero, dado el carácter del texto catalán, consensuado en Cataluña y aceptado por las Cortes, y ratificado por la ciudadanía catalana, lo correcto sería hacer lo posible y aún más porque encaje. Y si en algún punto concreto esto es imposible, en ningún caso, repito, en ningún caso, puede modificarse el texto catalán por nadie de fuera de Cataluña.

La única solución aceptable en un Estado democrático y plural es sentarse a negociar de qué manera podría modificarse la Constitución, o su interpretación, para lograr de nuevo un consenso en el texto común. Pero esto es, ante todo, un proceso político, en ningún caso judicial. Así, la actitud del Tribunal Constitucional y de alguno de los grandes partidos estatales que lo avalan, sólo significa que no aceptan el carácter democrático y plural del Estado. Están rompiendo el pacto constitucional. Y además, sólo están consiguiendo desautorizar aún más a esta institución, mal diseñada, con miembros mal elegidos y de peor actuación.

Cualquier demócrata debe estar indignado ante la falta de pudor de quienes usan su control de las instancias judiciales y constitucionales para tratar de conseguir lo que no pueden en los parlamentos, porque así lo ha querido la ciudadanía. Por eso, el debate político que precedió al Estatuto catalán no fue simplemente un debate ¿estatutario? en su sentido limitado, fue un verdadero proceso constituyente catalán. Y si algunos hacen imposible su encaje dentro de este Estado sólo harán inevitable que sea otro Estado, catalán, el que lo haga. No se pueden poner puertas al campo, y si los catalanes consideran que son una nación, ¿quién es nadie para negar esto? Sólo el mismo pueblo puede decidir si es o no un pueblo, y si quiere vivir de esta o aquella manera. Esto es lo que sucede al menos en las democracias. En otros regímenes políticos puede haber camarillas que decidan por todos, pero la experiencia indica que estos sistemas, finalmente, caen. Miren al Este, comparen un mapa de 1988 con el actual. El Estado español será democrático o será más pequeño. No tengan dudas.

julio 9, 2010 - Posted by | Igor Filibi |

1 comentario »

  1. No se puede decir mejor!!! Zorionak desde Barna!!

    Comentario por Auguste | diciembre 17, 2010


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