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De sueño americano a pesadilla

Migración

Dos asesinatos de mexicanos en diez días por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos

Preocupación por la impunidad con la que actúan los agentes migratorios y la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados


Anastasio Hernández tenía 42 años y trabajaba en la construcción en San Diego, California. Desde los 15 vivía en Estados Unidos donde, al igual que los otros 30 millones de mexicanos que allí residen, emigró en busca de un futuro mejor que su país no le ofrecía. Pero el 28 de mayo el sueño americano se convirtió en pesadilla.  Pese a llevar 27 años en el país del norte, Hernández no tenía regularizada su situación. Según fuentes policiales, había sido deportado dos meses antes. Pero este 28 de mayo pretendía volver a San Diego con su esposa y sus cinco hijos, de entre 20 y 4 años, todos con nacionalidad estadounidense. Poco después de cruzar la frontera sin papeles, como tantas otras veces había hecho, fue detenido, junto a su hermano, por la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Una mujer sostiene una vela con la foto de Anastasio Hernández en una movilización contra su asesinato en la frontera entre Tijuana en México y San Diego, California. (AP Photo)

Según testigos, antes de deportarle una veintena de policías federales y empleados de seguridad privada encargados de transportar a los imigrantes, lo golpearon brutalmente y para neutralizarlo le dispararon en la espalda con una pistola de electrochoque conocida como Taser, que le paró la respiración. Fue trasladado a un hospital donde se le declaró muerte cerebral al cabo de unas horas. A los dos días fue desconectado de la máquina que lo mantenía vivo. El informe del médico forense de San Diego corroboró que fue homicidio, pues la paliza que le propinaron los agentes le ocasionó falta de oxígeno al cerebro e infarto al miocardio. Ayer miércoles fue sepultado, en San Diego, California. Paradójicamente, muerto podrá descansar en tierra estadounidense.

Este asesinato pone de manifiesto la impunidad con que actúa la policía fronteriza y la situación de vulnerabilidad que padecen los migrantes indocumentados. “Fue una violencia innecesaria, pero el caso de Hernández es una constante histórica y un ejemplo de las estadísticas”, asegura Guillermo Alonso, antropólogo investigador del cruce de indocumentados en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana.

Según los reportes de esta institución, desde el año 93 -cuando se reforzaron los operativos de seguridad de la policía estadounidense y se empezó a construir el muro metálico que separa México de Estados Unidos- hasta hoy, cerca de 7.000 migrantes han muerto en su intento de cruzar la frontera. Las principales causas del fallecimiento son la deshidratación, hipotermia, ahogamientos en el Río Bravo –que también separa ambos países-, asaltos de bandas o víctimas de la patrulla fronteriza, que les matan con armas o en presuntos accidentes involuntarios. Estas cifras plantean entre los expertos en la materia el debate de si las restricciones migratorias son una violación permanente y estructural a los derechos humanos, pues los hechos demuestran que lejos de inhibir a los migrantes de su intento, los condenan a un camino infernal.

El último comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana alerta que los casos de mexicanos muertos o heridos por el uso de la fuerza de las autoridades migratorias se han incrementado, al pasar de cinco en 2008, a 12 en 2009, y a 17 en lo que va del presente año.

También hay muchas vulneraciones a los derechos humanos en los Centros de Detención Migratoria, donde llevan a los indocumentados antes de resolver su caso. O en el transcurso entre las detenciones y el transporte hacia la frontera. El diario mexicano Milenio publicaba esta semana una investigación, según la cual, al menos 21 mexicanos han muerto en los últimos seis años en Centros de Detención del gobierno de Estados Unidos. Las causas de las muertes son diversas -asfixia, trombosis pulmonar, quemaduras…- pero todas apuntan a violencia o negligencia por parte de la Oficina de Control e Inmigración de Estados Unidos, quien tiene a los detenidos bajo custodia y control. Eso sí, la mayoría de estos decesos han sido silenciados. El periódico denuncia que el propio gobierno de EEUU guardó en secreto algunas de las defunciones y omitió contactar al Consulado, pese a las convenciones internacionales que le obligan a hacerlo.

Los reportes de las muertes, contenidas en un listado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), revelan también graves fallas en el funcionamiento de la red consular de México en Estados Unidos, que incluso reconoció que deberá “realizar adecuaciones” en su política de protección a mexicanos en el exterior, para evitar que muertes como éstas pasen desapercibidas, según revela Milenio.

Una patrulla fronteriza yanqui en la frontera de San Diego, donde fue asesinado Hernández. Este condado registra el mayor número de detenciones a migrantes después de Tucson, Arizona (AP Photo/Gregory Bull)

Pero las muertes son sólo la punta del iceberg.  La mayoría de migrantes que son deportados se quejan de hostigamientos más o menos severos, según explica Alonso. Y no son pocos, en el 2009 fueron expulsados de EEUU, más de medio millón de mexicanos, y en 2006 eran más de un millón.

Amnistía Internacional también se ha mostrado seriamente preocupada por las continuas acusaciones hacia la policía por recurrir a niveles innecesarios de violencia.  Y después del caso Hernández exige al gobierno estadounidense que suspenda el uso de las Tasers, o al menos que se limite a las situaciones en que los oficiales se enfrenten a una amenaza inmediata de muerte o heridas graves que no pueda ser contenida por otros medios, pues son potencialmente letales. De acuerdo con la organización, desde 2001, más de 400 personas han muerto a lo largo del país después de que la policía las atacara con Tasers. Aunque los forenses han atribuido las muertes a otras causas, las Tasers son consideradas como causal o factor agravante.  En muchos de los casos, como en el de Hernández, el fallecido dejó de respirar al poco de tiempo de recibir las descargas.

Alonso se pregunta si para bloquear a alguien es necesario usar un Taser, y plantea que en todo caso se podría volver al gas pimienta, que al menos no mata. Pero el problema reside en la impunidad con que actúa la policía fronteriza. El pasado lunes 7 otro asesinato volvió a hacer saltar la alarma en el lado mexicano. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha confirmado que un agente estadounidense asesinó a un mexicano de 14 años, Sergio Adrián Hernández que se encontraba en suelo mexicano. Pero las versiones distan según el país. La policía fronteriza yanqui asegura que empezaron a disparar porque el jóven, junto a otros chicos, les tiraba piedras mientras esta detenía unos migrantes en el cruce internacional hacia el Paso (Texas).

Un familiar muestra una fotografía de Sergio Adrian Hernandez Huereka (AP)

Un testigo ocular narró a los medios locales que un grupo de adolescentes estaban cruzando la frontera por el Río Bravo y al ver a la policía se regresaron. Pero entonces, ya del lado mexicano, “llegó un oficial en bicicleta y le tiró de balazos a todo el grupo de muchachos, unos corrieron para un lado y otros hacia otro, éste se escondió detrás del muro pero se asomó, y cuando se asoma es cuando le dan de balazos, (…) le tiró una vez, y  el muchacho se quedó como estupefacto y el policía se quedó pensando y le tiró otra vez”, declaró el testimonio, que prefiere guardar su identidad.

Igualmente este espectador aseguró que ninguno de los muchachos traía nada sospechoso, ni armas, ni mochilas, nada más a ellos mismos.

De acuerdo con el reporte policíaco, junto al pilar del puente cayó Sergio y sus acompañantes huyeron. Un oficial norteamericano dijo que el adolescente gritó a los agentes que dejaran de disparar y hasta les mostró que no portaba ninguna arma.

En un desgarrador testimonio, su madre, María Guadalupe Huereca, aseguraba a las televisiones locales que su hijo era estudiante de bachillerato en Ciudad Juárez, Chihuahua -justo donde se encuentra el punto fronterizo hacia El Paso-, y que no tenía ningún intención de migrar al norte. Igualmente, su padre, Jesús Hernández, explicó que el hermano mayor de Sergio trabaja en la garita de migración de El Paso, y que por eso su hijo había ido hasta allí. Jesús Hernández aseguró que Sergio había estado comiendo burritos con su hermano en la Garita hasta que el mayor le dijo “ya vete a la casa, carnal”.

Fuere cómo fuere, lo que está claro es que Sergio ya no podrá volver a su casa, porque una bala de la patrulla fronteriza le arrancó la vida mientras se encontraba debajo del Puente Negro del Río Bravo, en suelo mexicano. Aún cuando hubiese estado tirando piedras o intentase cruzar la frontera, la respuesta fue evidentemente desmesurada. “Es una respuesta totalmente desproporcionada  y va en contra de las normas internacionales que obligan a la policía a utilizar armas de fuego sólo como último recurso, en respuesta a una amenaza inmediata y mortal que no pueda controlarse a través de medidas menores”, recuerda Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Alonso subraya que estos dos asesinatos en dos semanas, sumados a la recién aprobada ley migratoria de Arizona –otro de los estados colindantes con México-, demuestran que se ha exasperado el racismo y el ensañamiento hacia los migrantes.

“En EEUU se están dando unos movimientos xenófobos muy preocupantes como la creación de milicias civiles voluntarias para detener a indocumentados –conocidas como Minutemen en memoria de las guerrillas que lucharon contra los ingleses en la Guerra de la Independencia-, el auge del ultraderechista Tea Party, la aceptación mayoritaria en todo el país de la ley de Arizona según las encuestas del New York Times o la radicalización del discurso del Partido Republicano, que podrían responder a la aceleración de la crisis económica que ha golpeado a una buena parte de la sociedad norteamericana”, explica Alonso, quien vive a pocos kilómetros de la frontera.

Aunque este clima antimigrantes ha causado un gran revuelo a ambos lados de la frontera. En México, estos dos últimos asesinatos han tenido un gran impacto social pero también dentro de la federación anglosajona, pues allí residen casi 47 millones de hispanoamericanos, de los cuales, 30 millones son mexicanos. Pese a ser la minoría más numerosa, por encima de los afrodescendientes, también son los más discriminados, según un estudio del pasado noviembre del Centro Pew, de Washington.

Protesta delante de la Embajada estadounidense en Ciudad de México contra la ley migratoria de Arizona. (AP Photo/Claudio Cruz)


La aprobación de la ley SB1070 provocó movilizaciones de protesta en ambos países, pues criminaliza directamente a los inmigrantes sin papeles, y permite a los policías locales detener a cualquier persona si hay “sospecha razonable” de que sea inmigrante indocumentado. Hasta ahora, no podían preguntar a un individuo por su situación legal salvo si era sospechoso de haber delinquido. Pero, en cuanto entre en vigor, el simple hecho de no tener documentos de estadía legal, no llevar en la cartera la Tarjeta Verde o incluso transportar en su automóvil a un indocumentado, aunque sea un familiar, será motivo de expulsión.

“Esta ley es discriminatoria, racista y atenta contra las libertades individuales. Debería echarse para atrás”, asevera Alonso, quién augura que además de los migrantes, muchos estadounidenses de origen mexicano serán increpados sólo por su color de piel. En EEUU, la marcha del 1 de mayo estuvo plagada de consignas contra esta iniciativa legislativa y son muchas las asociaciones y los diputados que se han pronunciado en este sentido. Y en México hasta el propio presidente Felipe Calderón le pidió a su homólogo Barack Obama que la anulase.

El mismo Obama cuestionó la ley y ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma migratoria a nivel federal, pero después de la última reunión con la gobernadora republicana de Arizona, todo parece indicar que este 29 de julio entrará en vigor. En Arizona el 30% de la población es migrante y se calcula que hay 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos. También es el estado donde más inmigrantes se detienen y deportan, seguido de California, donde el foco rojo se sitúa en San Diego, donde falleció Hernández.

Para Alonso, el gobierno mexicano “tendría que tener claro su papel de lobby y forzar una reforma migratoria más digna a nivel federal”. Pues al igual que le sucedía a Anastasio Hernández, son miles las familias que viven en Estados Unidos donde parte de sus integrantes tienen papeles y otros no, y con el endurecimiento de las leyes pueden haber grandes tragedias de separación familiar.

Igualmente, el Estado mexicano tendría que preocuparse de mejorar las condiciones de vida para evitar la migración. “México es un país muy rico pero muy mal administrado históricamente, el día que los políticos decidan repartir el pastel la gente no tendrá que inmigrar, mientras tanto, ni las balas ni los muros detendrán la migración”, concluye Alonso.

Majo Siscar en Periodismo Humano




junio 10, 2010 - Posted by | Majo Siscar | , , , , , , , , , ,

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