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Deslegitimación de la violencia y educación

Con el título Convivencia Democrática y Deslegitimación de la violencia (2010-2011), el Gobierno Vasco ha dado a conocer el Primer Borrador de lo que llama Reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011), aprobado el año 2008 por el Gobierno anterior. No se trataría, pues, de algo totalmente novedoso sino de la reformulación, la adecuación o actualización, como dice el mismo escrito, de algo que venía ya de atrás. Se trataría de una actualización exigida por el mismo carácter histórico de un plan que habría de realizarse a lo largo de cuatro años, pero especialmente por la adecuación “a la visión y opciones del nuevo Gobierno socialista”, sostenido por el pacto estipulado con el PP de Euskadi.

La peculiaridad de la afirmada reformulación se concretaría en la deslegitimación del terrorismo en general y, más en concreto, de ETA, única expresión del mismo “que existe entre nosotros”. Esta deslegitimación habría de ser una exigencia de la convivencia democrática “derivada del reconocimiento de los Derechos Humanos”. La afirmada reformulación habría de tener estos tres objetivos fundamentales: la deslegitimación del terrorismo de ETA, la presencia de las víctimas del terrorismo en el sistema educativo y la vindicación de las instituciones democráticas como garantes y generadoras de derechos.

2-.No cabe duda que la deslegitimación ética y política del terrorismo de ETA es una exigencia de la gran mayoría del pueblo vasco, en orden a alcanzar una convivencia en paz, sostenida por los valores democráticos de la libertad y la igualdad, reconocidos como derechos fundamentales de toda persona humana. Es también cierto que la transmisión de esos valores ético-políticos han de ser el objeto de la educación impartida en los diversos medios y niveles, en las familias, en los centros educativos, en los medios de comunicación y creación de la opinión pública. Siendo ello así, es necesario preguntarse dónde puede estar la razón de ser de la oposición de amplios sectores sociales de la sociedad del País Vasco, que rechaza el proyecto gubernamental. Hasta el extremo de que para su afirmación, éste se vea en la necesidad de recurrir al ejercicio del poder de una mayoría parlamentaria carente de la aceptación y de un apoyo social generalizado. El análisis de los tres objetivos previos de la reformulación del Plan, puede ser iluminador.

a) La deslegitimación de la violencia terrorista de ETA

La reformulación del Plan se centra en la afirmación de la lesión o negación de los valores democráticos de los Derechos Humanos formulados en términos de “libertad e igualdad” de todos los ciudadanos. Valores que son ciertamente negados por la violencia terrorista de ETA. Este juicio ético-político sobre la violencia de ETA se elabora al margen del contexto histórico en el que la misma se sitúa. Un contexto socio-político al que no son ajenas otras formas de injusticia que condicionan la misma existencia de la violencia etarra. La “ignorancia” de la peculiaridad histórica del contexto socio-político en el que actúa ETA puede ser un factor que impida el pleno conocimiento de la “verdad” del terrorismo condenado. Una consideración ésta que no debe tomarse como una justificación del terrorismo de ETA, pero sí como debilidad moral de quien condena una injusticia, a la vez que ignora otras injustas violaciones, también de la igualdad y de la libertad, que no son ajenas a la plena realidad histórica de los hechos.

b) Presencia de las víctimas en el sistema educativo

Es cierto que la memoria y la presencia de las víctimas han de ser “un recordatorio permanente de las consecuencias dramáticas del abandono de los valores democráticos y deben fomentar, de forma serena, una reflexión de la sociedad vasca sobre sus propios comportamientos”. Siendo ello así, es necesario analizar más detenidamente la realidad y los modos de presencia de las víctimas en los centros educativos. Su mera presencia en esos centros no aporta, sin más, “una dimensión moral más genuina en la medida en que las víctimas nos brindan la oportunidad de conocer el mal que han sufrido”. Por ello, el modo de estar presentes, especialmente en los centros educativos, es particularmente importante más allá de la mera presencia. Ni siquiera la presencia de víctimas de origen contrario resuelve este gravísimo problema. Para que la presencia de las víctimas suponga una aportación ético-política al servicio de la paz en la defensa de los derechos humanos a la libertad y a la igualdad, ella misma habrá de ser una presencia inspirada en valores éticos. Con toda la delicadeza que ello requiere, sería necesario pasar del mero planteamiento de la “presencia” a la visión positiva de una presencia “ética” pacificadora, abierta a la reconciliación y el perdón.

c) Reivindicación de las instituciones democráticas como garantes y generadoras de derechos.

Quizá sea ésta la cuestión que hace más difícil una aceptación generalizada a la deslegitimación de la violencia de ETA, tal como aparece en la Reformulación ofrecida. La razón es sencilla. El Documento parece ignorar una realidad que es ampliamente extendida en el pueblo vasco. Esa realidad, de innegable contenido ético-político, consiste en no confundir el plano de la doctrina con el plano de las realidades históricas. Cualquier pueblo sabe que es el poder político el que crea las instituciones políticas y las normas jurídicas que definen y tutelan los derechos humanos propios de una convivencia democrática en la igualdad y en la libertad. Pero una parte importante del mismo pueblo cree, no sin razón, que los derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos, son previos a las definiciones políticas, precisamente por su contenido ético.

De ahí la diferencia que el mismo pueblo hace entre las instituciones y los derechos “legales”, y los derechos fundamentales que deben serle reconocidos en justicia. Él sabe también que la libertad de opinar así ha de ser reconocida como un derecho fundamental que el Estado debe reconocer, sin que el rechazo de las normas y las instituciones existentes haya de ser considerado como algo equivalente a la desobediencia y, mucho menos, a la violencia. La falta de aceptación de las instituciones vigentes no debe ser considerada como un apoyo prestado a la violencia y, en concreto, en nuestro caso, a la violencia de ETA. Hacerlo así equivaldría a afirmar la existencia de los delitos de opinión, propios de los Estados totalitarios, incluso en la hipótesis de que tales opiniones fueran utilizadas por la violencia terrorista como una falsa justificación de sus actuaciones. A nadie puede escapar la trascendencia democrática de estos planteamientos y las graves consecuencias que en la política educativa impuesta obligatoriamente se habrían de seguir. El respeto de la libertad ha de ser no solamente efecto de una sana educación democrática sino también el espíritu previo que aliente e inspire esa pretendida educación.

Seguramente estas reflexiones puedan servir para conocer mejor las razones que pueden existir en el hecho de la repulsa a la reformulación pretendida, por parte de quienes rechazando sin reservas la violencia de ETA, no están de acuerdo con el texto elaborado por el Gobierno.

De todos modos, esta reflexión debe situarse en una más amplia sobre la educación para la ciudadanía que abordaremos el próximo número.

SSD – Justizia eta Bakea: Patxi Meabe, Pako Etxebeste, Arturo Garcia y Ramón Balenziaga en Diario de Noticias de Gipuzkoa

mayo 3, 2010 - Posted by | Justizia eta Bakea | , , , ,

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