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El culebrón del Tribunal Constitucional

Hastío, esa es la palabra que define la sensación catalana ante el dilatado proceso del Estatut, hastío y desafección, incluso en sectores que no son nacionalistas, pero ello no oculta que una sentencia ahora, sea cual sea su signo, trastocaría las elecciones. A todos.

En Cataluña existe un gran hastío por la tardanza del Tribunal Constitucional (TC) en dictar una sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de 2006. Son ya tres años y medio de deliberaciones que lo único que han evidenciado es la incapacidad del tribunal para llegar a un acuerdo sobre el tema. El mismo hastío se percibe, sin duda, en otras partes ya que, en cierta medida, la agenda política española y los próximos procesos electorales no pueden sustraerse a la situación de irregularidad de un Estatuto que lleva aplicándose desde que fue sancionado por el Jefe del Estado (Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio, BOE núm. 172 de 20 de julio de 2006) y que, sin embargo, resta pendiente de validar a la espera de que el TC dicte sentencia sobre los recursos presentados en su día por el PP, el Defensor del Pueblo y diversas CC.AA.

Desde un punto de vista institucional, la situación es grave no sólo porque se trata de una ley orgánica que regula el autogobierno de Cataluña y las relaciones de la Comunidad con la administración central y que fue aprobada por los Parlamentos de Cataluña y España y, en referéndum, por los ciudadanos de Cataluña, sino porque con el paso de los años el mismo TC ha quedado en entredicho. Por una parte, tras tres años y medio de deliberaciones ha sido incapaz de establecer si el Estatut respeta o no la Constitución, lo que ha dado pie al president José Montilla a proclamar que, si no son incapaces de llegar a ninguna resolución y el Estatut hace ya casi cuatro años que se aplica sin que se rompa España como advertía el PP, habrá que llegar a la conclusión de que es constitucional. Por otra, de los doce miembros que forman el TC, uno (Pablo Pérez Tremps) fue recusado a instancias del PP porque había asesorado al gobierno de la Generalitat en la redacción del texto del Estatut; otro (Roberto García-Calvo) murió en mayo de 2008 y no ha sido relevado; y, además, cuatro miembros (la presidenta Emilia Casas, el vicepresidente Guillermo Jiménez -adscrito a la corriente conservadora y encargado desde el viernes de redactar el sexto borrador de sentencia-, Vicente Conde y Jorge Rodríguez) acabaron su mandato en 2007 y cuatro más lo terminan en noviembre de este año. Pero, el desacuerdo entre los dos principales partidos españoles, que son los que proponen a diez de sus miembros (los otros dos lo son por el Consejo General del Poder Judicial), impide la renovación del mismo, lo que se traduce en el desgaste y la deslegitimización de la institución. Este desacuerdo permite que la distinción entre jueces conservadores y progresistas tome cuerpo y dé la impresión de que una ley orgánica está al albur de la decisión de unos jueces de adscripción partidista, seis de los cuales además ya han concluido su mandato. De ahí el descrédito de una institución que, como ha dicho Patxi Zabaleta, es un problema para la democracia y tendría que pensarse en su abolición.

Ante el nuevo fracaso que supuso la votación del TC del viernes, que fue incapaz de aprobar el quinto borrador de sentencia, la reacción política en Cataluña ha sido, hasta el momento, de unanimidad: renovación del TC y constitucionalidad del Estatut de 2006. Falta saber hasta cuándo se mantendrá la unidad. Por una parte, la irritación por la tardanza en decidir del TC sobre una cuestión que resulta vital para el autogobierno de Cataluña es sincera y responde a lo que siente en estos momentos la sociedad civil y la opinión pública catalana. Por otra, también es cierto que, tal y como están las cosas y ante la incertidumbre de cuál puede ser la sentencia, la mayoría de partidos preferirían que ésta se produjera después de las elecciones autonómicas de noviembre, ya que una sentencia favorable -poco previsible tal como ha quedado la correlación de fuerzas en el TC- daría alas al PSC e IC-IU y obligaría a CiU a definirse entre mayor autogobierno o independencia, mientras ERC debería rehacer un discurso basado en el agotamiento de las vías estatutarias. Por el contrario, una sentencia desfavorable dejaría en fuera de juego al PSC -el president Montilla ya ha advertido que acatará pero no compartirá una sentencia negativa- y, en buena medida, a CiU, ya que fue la artífice del recorte pactado en enero de 2007 entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas para que el Estatut pasara el filtro de las Cortes, mientras ERC vería confirmado su discurso y apostaría decididamente por las consultas soberanistas. Al PP le perjudica tanto una sentencia favorable -cómo explicar entonces su empeño en mantener el recurso de inconstitucionalidad-, como contraria -el texto tuvo el apoyo del 89% de los diputados del Parlamento de Cataluña, es decir, todos menos los del PP y Ciudadanos-. En todo caso, en las actuales circunstancias, cualquier sentencia introduciría un factor de inestabilidad que nadie desea ante una campaña electoral que, con la posible incorporación de nuevas opciones políticas -o personales-, se presenta ya sumamente compleja.

Cabría un último escenario imposible, que el PP retire el recurso de anticonstitucionalidad (no lo ha presentado en ninguna otra reforma estatutaria, ya que en el caso del denominado Plan Ibarretxe fueron las Cortes las que desestimaron su viabilidad), lo que obligaría a replantearse el resto de recursos. Pero no sucederá porque el PP hace años que utiliza el anticatalanismo y la catalanofobia -como recordaba el sábado el president Montilla-, como antes utilizó el antivasquismo o las víctimas del terrorismo, para obtener bazas electorales en el resto de España. Pedir que el PP tenga sentido de Estado es pedir un imposible.

Por último, por lo que respecta a la opinión pública catalana, todo este proceso está fomentando la desafección política -y de la política- y el descrédito de las instituciones del Estado de derecho. Como en el mundo al revés y a pesar de la obsesión del PP por la unidad de España, lo que está sucediendo es que con su actitud el TC da argumentos al independentismo y el PP propicia la ruptura de España alimentando, innecesariamente y a sabiendas, los enfrentamientos comunitarios y el anticatalanismo. Desde luego, será su problema, no el de una sociedad catalana que no compartirá, mayoritariamente, una sentencia negativa del TC y que, de producirse, quizás acabe por ignorarla promoviendo, por la vía de los hechos, otras vías políticas que vayan más allá del Estatut, porque se está extendiendo la sensación -y no sólo entre los sectores nacionalistas o independentistas- de que el actual Estado español es incapaz de responder a las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña.

Antoni Segura en Deia

abril 22, 2010 - Posted by | Antoni Segura | , , ,

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