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Otra vez la Audiencia Nacional

Resulta público y notorio que todavía subsisten rescoldos de la situación de precariedad que viene sufriendo el Estado de Derecho y la separación de poderes en el contexto español. Uno de los ejemplos palpables a este respecto sigue siendo el papel de la Audiencia Nacional (heredera del infausto Tribunal de Orden Público franquista) en distintos procesos, muchos de los cuales no dejan de representar actuaciones procesales y judiciales de marcado carácter político, como la última sentencia de prisión y 16 años de inhabilitación política contra Arnaldo Otegi.

Este uso desproporcionado y, en ocasiones, político, de la Audiencia Nacional vuelve a poner de manifiesto la precariedad y la subversión del Derecho vigente, allí donde la separación de poderes rompe con sus garantías constitucionales para que el poder se ejerza de forma omnímoda y sin sometimiento a la propia Constitución y a su régimen de garantías. En este caso, además, todo apunta a una doble motivación política: resucitar abiertamente un delito de opinión incompatible con la misma democracia y evitar que Otegi pueda dedicar sus energías a la acción política y presumiblemente frustrar de este modo una posible vuelta a la política de la ilegalizada Batasuna, algo que la adhesión incondicional a los principios del senador Mitchell parece augurar.

Con este tipo de sentencias -incompatibles con el principio de proporcionalidad de las penas- la Audiencia Nacional viene suspendiendo, de hecho y de Derecho, actividades políticas, periodísticas, asociativas o personales sin dirimir responsabilidad penal objetiva de ningún tipo por actos concretos, sino asociando personas al entramado de ETA por la coincidencia de determinadas declaraciones de contenido político con los fines de dicha banda recurriendo para ello a extrañas tipificaciones penales propias del derecho penal del enemigo. Con ello, la Audiencia Nacional asume la legitimación y competencia para decidir sobre la autorización o no del simple ejercicio de derechos fundamentales que corresponden a todos los ciudadanos. En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales vuelve a ser objeto de concesión o desestimación caprichosa por la Audiencia Nacional para decidir cuándo, dónde y cómo pueden determinadas personas o colectivos ejercer esos derechos fundamentales reconocidos abiertamente por la Constitución, pero sistemáticamente coartados.

Pese a todo, del propio Derecho Internacional y de todas las Constituciones modernas se desprende que los derechos fundamentales no pueden ser objeto de concesión por parte del legislador, del ejecutivo o del poder judicial. Ni siquiera se demanda un determinado desarrollo legislativo para su ejercicio en plenitud. Se trata, o mejor, debería tratarse de derechos inseparables de nuestra existencia como personas. Inviolables, por tanto, en un Estado de Derecho pleno.

Por contra, los ejemplos acontecidos en la Audiencia Nacional son muy diferentes. En su día los casos de Egin, Egunkaria, las investigaciones masivas abiertas sobre EHAK, el procesamiento del difunto Gorka Agirre o la kafkiana detención inicial de Pablo Muñoz, al igual que la reciente sentencia desproporcionada sobre Arnaldo Otegi nos ubican en una perspectiva inaceptable desde la perspectiva jurídica. Cuando la Constitución proclama y garantiza los derechos fundamentales de los artículos 14 a 30, establece límites infranqueables para una eventual suspensión de tales derechos, que no han sido debidamente garantizados en estos contextos.

Este tipo de situaciones sólo podrían ser enmendadas por el Tribunal Constitucional y, en su caso, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin descartar la censura que pueda realizar el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con toda probabilidad, será imposible restituir adecuadamente los derechos fundamentales violentados a su situación originaria. Con ello, las garantías constitucionales de toda la sociedad se han visto nuevamente quebrantadas, consumándose una situación en virtud de la cual la sociedad tiende a dividirse arbitrariamente en grupos que disfrutan en diferente medida de los derechos fundamentales. Todo ello es aberrante en sí mismo, pero encuentra una auténtica sublimación jurídica y política a través de un tribunal de carácter especial que no pocos expertos han calificado como excepcional y ad hoc y cuya desaparición se antojaría ya como una necesidad de higiene democrática y objetivo prioritario para la instauración de un Estado de Derecho.

Xabier Ezeizabarrena, Joxerramon Bengoetxea, Pedro Ibarra, José Manuel Castells y Jon Gurutz Olaskoaga, Profesores de la UPV-EHU, en Diario de Noticias de Gipuzkoa

marzo 9, 2010 - Posted by | Joxerramon Bengoetxea | , , , , , , , , , , ,

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