Nabaizaleok / Iritzia

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La última pirueta del juez estrella.

Nuestro juez estrella global, el hombre que investigó los GAL, que procesó a Pinochet, que ilegalizó Batasuna, el que quiso empurar a los peritos del 11-M, el que pretendió iniciar una causa general contra el franquismo y el que tiene en vilo al PP y al PSC por asuntos de corrupción, podría dejar en breve la Audiencia Nacional.

Cansado, después de más de 20 años al frente de su juzgado y acosado por una querella que puede acabar con su carrera, aspira ahora a un cargo multinacional para el que necesita el respaldo del Gobierno.

Garzón no sólo es el juez español más famoso, sino el más polémico, el que despierta adhesiones y odios más apasionados. Su particular forma de instruir le ha hecho célebre entre sus colegas, que, mayoritariamente, le consideran un «pésimo juez».

Las dos causas con dimensión política que sigue en paralelo, Gürtel y Pretoria, son una muestra de esa peculiar forma de investigar, que consiste en iniciar sumarios que nunca cierra del todo y del que cuelga piezas separadas que aparecen en momentos muy concretos.

Para entender lo que ha sucedido en esos dos casos hay que situarse en el paraíso fiscal de Jersey, más concretamente en la oficina del BBVA Privanza. Durante muchos años, aquella oficina fue un lugar seguro. Pero allí se registraban algo más que cuentas opacas. El presidente del Banco de Vizcaya, Pedro Toledo, fallecido hace ahora 20 años, fue el primero en utilizar Jersey como un basurero de lujo.

En 1987, KIO llegó a tener algo más del 8% del capital del Vizcaya. El entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, autorizó a Toledo la recompra de esas acciones, que llevó a cabo el banco suizo UBS. Lo hizo a través de cuatro sociedades con cuentas en Jersey.

Desde entonces, esa oficina funcionó como un banco paralelo. Desde allí, el BBV pagó dinero a Hugo Chávez o a Fujimori. En esa oficina se domiciliaron los 22 planes de pensiones secretos de Alico de los consejeros del BBV, que afloraron tras la fusión con Argentaria en 2002 y que provocaron una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Pero también allí se habían domiciliado pagos de las comisiones del AVE o de la Expo 92, cobradas por el PSOE. Era Garzón quien investigaba ese caso.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional se hizo cargo de la instrucción del conocido caso de las cuentas secretas del BBVA. El director de la oficina de Jersey cantó de plano y no sólo aportó los datos correspondientes a las cuentas de los consejeros del BBV, sino que proporcionó al juez la extensa lista de los clientes VIP de aquella valiosa sucursal. En total, 600 cuentas con un saldo conjunto de 420 millones de euros.

El BBVA Privanza Jersey se convirtió así en una mina inagotable para Garzón. La investigación no sólo puso de relieve su funcionamiento como banco paralelo, sino como caudaloso recipiente para el reciclado de dinero negro. Uno de los primeros filones de aquel yacimiento fue la llamada Operación Suéter, llevada a cabo a finales de 2006, y que sacó a la luz irregularidades fiscales realizadas desde el Banco Espíritu Santo, la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y que también provocó la imputación del propietario de Burberrys España, Eugenio Mora. En esa misma investigación, desgajada del sumario original, se localizaron dos despachos de abogados: G. Petrus (Barcelona) y De Miguel & Abogados (Madrid).

Cuando en 2008 el ex concejal de Majadahonda José Peñas denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama de Correa, no sólo habló de cobro de comisiones y delito fiscal, sino de blanqueo de dinero, lo que elevó el caso a la Audiencia Nacional. ¿A qué abogado le había encargado Correa el entramado societario encaminado a eludir los controles de Hacienda? A Luis de Miguel. Y ahí se abrió el segundo gran filón para Garzón proveniente de las cuentas del BBVA Privanza de Jersey. Pero esta vez con un añadido relevante: su dimensión política. No sólo se trataba de investigar los posibles delitos de Correa y su grupo de empresas, sino de averiguar si altos cargos del PP habían participado o se habían beneficiado de sus negocios.

El partido de Rajoy ha vivido desde el pasado mes de febrero momentos de zozobra a cuenta de ese sumario, que se ha llevado por delante al tesorero Luis Bárcenas y que tiene pendiente del Supremo la posible imputación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

El pasado mes de octubre Garzón comenzó a explotar el tercer gran filón, que tenía su veta en el despacho Petrus: la Operación Pretoria. La investigación ha puesto al descubierto una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma y en otros pueblos de Barcelona, que ha llevado al procesamiento de miembros relevantes del PSC (Bartomeu Muñoz, Luis García Sáez), de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta), y al gerente del Instituto Catalán del Suelo (Emili Mas), entre otros.

Así que tenemos al juez estrella de la Audiencia Nacional con dos investigaciones abiertas que afectan de forma directa a los tres principales partidos con representación parlamentaria: PSOE, PP y CiU.

Por primera vez en muchos años, en el PSOE, que ha defendido a capa y espada a Garzón contra los ataques recibidos por parte del PP y por amplios sectores de la judicatura, ahora empiezan a oírse voces críticas.

¿Qué busca Garzón?, se preguntan. Como si la Operación Petrus tuviera un fin político, encaminado a lograr un objetivo particular. En el horizonte del juez hay un asunto de enorme trascendencia. La querella por prevaricación admitida a trámite por el Supremo por la llamada causa general contra el franquismo. Garzón podría ser suspendido si el Supremo le condena por ese grave delito.

El juez lleva tiempo comentando a sus íntimos su deseo de abandonar la Audiencia. Su sueño sería convertirse en juez de enlace para América Latina. Un cargo de nueva creación que colmaría sus aspiraciones. Ahora hay tres jueces de enlace: uno con Marruecos, otro con Italia y otro con Francia. El Gobierno le ha hecho abrigar esperanzas. Sin embargo, a algunos países latinoamericanos no les hace gracia la idea de tener a Garzón revoloteando sobre sus asuntos penales. Según fuentes solventes, las gestiones del Gobierno podrían vencer esas justificadas suspicacias. Algunos de sus compañeros ven en su nuevo cargo la culminación de sus aspiraciones. Otros, una simple huida hacia adelante.

Casimiro G. Abadillo.

diciembre 16, 2009 - Posted by | Casimiro G. Abadillo | , ,

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